FOTO CORTESIA: JESUS VARGAS
Las consecuencias del desastre natural que golpeó a Venezuela continúan agravándose. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, confirmó un incremento en el reporte de fallecimientos provocados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el pasado 24 de junio. De acuerdo con las cifras oficiales compartidas por el legislador, el número total de muertes confirmadas llegó a 4.561.
Por su parte, los registros institucionales indican que el número de personas lesionadas se mantiene en 16.740, mientras que la cifra de ciudadanos que perdieron sus hogares se estabilizó provisionalmente en 17.907. Las autoridades de rescate y asistencia social han brindado apoyo integral a más de 128.000 familias damnificadas a lo largo de las últimas semanas.
Campamentos provisionales y planes de reubicación
La emergencia humanitaria ha obligado a concentrar esfuerzos logísticos en la capital y las regiones periféricas. Actualmente, un total de 20.231 ciudadanos se encuentran distribuidos en 107 refugios provisionales de emergencia, los cuales operan principalmente dentro de sedes educativas en Caracas, Miranda y el estado La Guaira, siendo este último la zona de mayor afectación estructural tras las sacudidas.
Frente a la pérdida masiva de infraestructura habitacional, el Ejecutivo nacional dio inicio a un censo con tecnología biométrica para dimensionar con exactitud el déficit de viviendas, estimando de forma preliminar que se requerirá la construcción de al menos 25.000 nuevas soluciones habitacionales. La presidencia interina, a cargo de Delcy Rodríguez, anunció que esta misma semana se llevará a cabo la entrega de las primeras 200 residencias destinadas a los núcleos familiares más vulnerables.
Alerta ambiental por gestión de escombros
En paralelo a las labores de atención social, el Ministerio de Ecosocialismo emitió una advertencia rigurosa frente a la disposición de los residuos materiales de los edificios colapsados:
- Puntos oficiales: Se establecieron zonas y vertederos controlados de carácter obligatorio para el depósito de los restos de concreto y estructuras.
- Prohibición costera: Quedó estrictamente vedado utilizar los cuerpos de agua o las costas marinas como depósitos de basuras o desechos de demolición.
- Sanciones penales: Quienes sean sorprendidos arrojando residuos al mar enfrentarán millonarias multas económicas e investigaciones judiciales que conllevan penas de cárcel.
La respuesta de la cartera ambiental se produce tras reiteradas alertas ciudadanas en redes sociales sobre camiones que estarían botando desechos directamente al océano. La gravedad de la situación ambiental se concentra en La Guaira, donde evaluaciones preliminares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estiman que el cataclismo generó un histórico acumulado de 1,2 millones de toneladas de escombros.
