FOTO CORTESIA: EL MERIDIANO
La Superintendencia Nacional de Salud asestó una nueva intervención forzosa dentro del maltrecho mapa de aseguramiento médico del país. El ente de control y vigilancia fiscal ordenó la toma inmediata de posesión de los bienes, haberes y de la administración general de la EPS Familiar de Colombia, tras confirmarse un deterioro crítico e irreversible en sus indicadores financieros, técnicos y de atención oportuna al usuario.
La drástica resolución institucional fue firmada este miércoles 30 de septiembre tras un riguroso proceso de auditoría especial que se extendió por varios meses. De acuerdo con el reporte oficial desclasificado por el superintendente delegado, la entidad promotora de salud acumulaba un millonario déficit financiero que superaba los 120.000 millones de pesos en deudas vencidas con su red de clínicas y hospitales prestadores de servicios en la región Caribe, lo que había derivado en una parálisis progresiva en la asignación de citas especializadas y en la entrega de medicamentos de alto costo.
Plan de contingencia y transición para los usuarios en la región Caribe
La medida administrativa busca salvaguardar el derecho fundamental a la salud de las comunidades del norte del país, garantizando que el servicio médico no sufra interrupciones traumáticas en los tratamientos de alta complejidad:
- Población protegida: La intervención técnica cobija y busca estabilizar la cobertura de más de 150.000 afiliados al régimen subsidiado y contributivo.
- Zonas de cobertura: La mayor masa de usuarios afectados se concentra en los municipios rurales y cascos urbanos de los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar.
- Esquema de traslado: El Ministerio de Salud coordinará un proceso de transición ordenado para reubicar de manera paulatina a los núcleos familiares en EPS receptoras que demuestren solidez financiera e infraestructura médica idónea en la región.
El agente interventor designado por la Supersalud asumió el control de los despachos administrativos de la EPS y anunció que iniciará un inventario de activos para determinar la viabilidad de una reestructuración interna o si, por el contrario, se procederá con la liquidación definitiva de la personería jurídica de la empresa promotora de salud.
