FOTO CORTESIA: AGENCIA EFE
El panorama diplomático en el nororiente del país volvió a registrar un preocupante pico de fricción internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia envió una enérgica nota de protesta formal al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, tras consolidarse los informes de inteligencia militar que detallan una presunta incursión no autorizada de efectivos armados extranjeros dentro del espacio geográfico soberano del territorio colombiano.
Los hechos que motivaron el reclamo diplomático se registraron en la tarde de este miércoles 30 de septiembre, sobre las aguas fronterizas del río Orinoco, en inmediaciones de la inspección de Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada. De acuerdo con los testimonios recolectados por la Armada Nacional de Colombia, dos embarcaciones artilladas pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cruzaron la línea divisoria fluvial e interceptaron a un grupo de pescadores artesanales colombianos, decomisándoles sus herramientas de trabajo y pretendiendo retenerlos bajo acusaciones de presunta pesca ilegal en aguas venezolanas.
Despliegue de patrullajes navales de la Armada Nacional
Ante las alertas radiales emitidas por la comunidad ribereña, unidades de guardacostas de la Armada de Colombia se desplazaron de urgencia hasta el sector del incidente para salvaguardar la vida de los ciudadanos civiles. Al notar el acercamiento de las fragatas y el componente militar de la banda colombiana, las tripulaciones de la GNB retrocedieron hacia su ribera fluvial sin que se presentara un intercambio de disparos u hostilidades directas entre las fuerzas armadas de ambos países.
La Cancillería de Colombia calificó el suceso como una flagrante violación a los tratados de navegación fronteriza vigentes y una provocación directa a la seguridad nacional. El palacio de San Carlos exigió explicaciones inmediatas al despacho de exteriores en Caracas y ordenó al Ministerio de Defensa arreciar de manera indefinida los patrullajes navales y aéreos en los ríos fronterizos de la Orinoquía, blindando las actividades comerciales de los habitantes de los municipios del Vichada y Arauca frente a futuras acciones de intimidación extranjera.
