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En cumplimiento de una de las promesas bandera del discurso de posesión presidencial, el Gobierno Nacional radicó formalmente ante la secretaría general de la Cámara de Representantes este miércoles 30 de septiembre de 2026 el proyecto de ley ordinaria para la estructuración y construcción del nuevo Sistema de Centros de Reclusión de Máxima Seguridad. La iniciativa legislativa busca blindar jurídicamente la cimentación de los macrocomplejos carcelarios (megacárceles) anunciados por el presidente Abelardo de la Espriella para contener el hacinamiento y desmantelar los centros de operaciones de las mafias urbanas.
El articulado ingresó con mensaje de urgencia firmado por el Ministro de Justicia, lo que obligará a las comisiones primeras de Senado y Cámara a sesionar de manera conjunta para acelerar los debates reglamentarios bajo la figura de fast-track institucional. De acuerdo con el documento técnico expuesto por el gabinete ministerial, el plan contempla la asignación presupuestal extraordinaria de recursos para la edificación de los dos primeros complejos carcelarios de gran escala, los cuales estarían localizados en zonas rurales aisladas de los departamentos del Meta y el Cesar.
Reclusión en aislamiento total y oposición en el legislativo
El proyecto de ley no solo modifica las partidas financieras del presupuesto nacional, sino que plantea una reforma estructural al Código Penitenciario y Carcelario. Entre los puntos más determinantes de la propuesta se encuentra la creación de un régimen de aislamiento penitenciario extremo y la instalación obligatoria de tecnología de bloqueo de señales electromagnéticas y de telecomunicaciones de última generación, impidiendo de forma total la entrada o salida de ondas telefónicas, internet o satelitales en los pabellones de los reclusos de alta peligrosidad.
La radicación del documento encendió de inmediato los debates en el Capitolio Nacional. La bancada de la oposición, liderada por el Pacto Histórico, anunció que presentará una ponencia alternativa de rechazo, argumentando que el modelo de macrocárceles vulnera los tratados internacionales de derechos humanos adscritos por Colombia en materia de resocialización. Los legisladores de izquierda señalaron que la solución a la crisis de seguridad no radica en la expansión de la infraestructura punitiva, sino en el fortalecimiento de los jueces de ejecución de penas y la dignificación de los centros de reclusión ya existentes en el país.
