FOTO CORTESIA: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
El panorama jurídico de la exjefa de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Sarabia, sufrió una fractura definitiva. Un juez penal de control de garantías impartió legalidad total al principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía General de la Nación y el capitán de la Policía Nacional, Óscar Leandro Mojica Cordón. Con este aval técnico, el oficial de la institución armada cesará su condición de procesado para transformarse en el testigo de cargo central del ente acusador dentro del expediente de las interceptaciones ilegales.
Tras asegurar este componente probatorio, la Fiscalía General notificó que procederá a radicar formalmente el escrito de acusación contra Sarabia, programando el inicio del juicio oral para mediados de septiembre. La exfuncionaria estatal deberá responder ante los tribunales de la República por su presunta coautoría y responsabilidad intelectual en los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y fraude procesal.
El testimonio que compromete a la Casa de Nariño
El acta del acuerdo judicial desclasificado detalla que el capitán Mojica, quien se desempeñaba como miembro de la Sijín Metropolitana de Bogotá, se comprometió a entregar detalles cronológicos sobre cómo se coordinó el operativo represivo contra Marelbys Meza Buelvas, exniñera del hijo de Sarabia. El uniformado testificará bajo gravedad de juramento que la entonces funcionaria presidencial se comunicó de forma directa con el jefe de la jefatura de protección, coronel Carlos Feria, para impartir la instrucción de modificar los esquemas de seguridad institucionales.
Según la línea de investigación de la Fiscalía, esa llamada telefónica desencadenó el traslado irregular de Meza hacia los sótanos del edificio oficial de la Casa de Nariño, lugar donde fue sometida a interrogatorios y pruebas de polígrafo sin contar con una orden judicial previa ni el acompañamiento de un abogado defensor. Asimismo, el capitán Mojica aportará pruebas documentales sobre cómo se habrían instrumentalizado los informes de policía judicial de la Dijín para incluir números telefónicos de la empleada doméstica dentro de listados de interceptaciones ilegales (chuzadas), vinculándola falsamente con peligrosas redes de finanzas del crimen organizado.
